Balance social, político y económico

Según las cifras disponibles sobre pobreza e indigencia, en América Latina ambas continuaron disminuyendo a nivel regional durante el último año, con lo que las tasas actuales son las más bajas observadas en los tres últimos decenios. Si bien en el período más reciente la pobreza no se re­dujo en todos los países de la región, en la mayoría retrocedió.

En este contexto, las estimaciones de po­breza basadas en las encuestas de hogares disponibles, indican que en 2012 se situó en 167 millones de personas (aproximada­mente un 29,5%), lo que incluye un 11,5% de personas en condiciones extremas o indigencia –equivale a unos 66 millones de personas–. El porcentaje de indigentes menores de edad es del 51%, lo que se tra­duce en que prácticamente la mitad de los pobres son niños. En los países en los que Ayuda en Acción tiene presencia de forma continua, el índice de pobreza oscila entre el 67% de Honduras y el 27% de Perú.

Uno de los grandes desafíos que continúa enfrentando América Latina es la reduc­ción de los elevados niveles de desigual­dad en la distribución del ingreso prevale­cientes en el continente, ya que continúa siendo la región más desigual del mundo: el 20% de la población más rica acapara el 57,1% de los ingresos, mientras que la misma proporción de la población más pobre recibe apenas un 2,9 % de la riqueza.

Por ejemplo, encontramos regiones como el Chocó colombiano o la Sierra Andina peruana, donde los niveles de desarrollo humano se encuentran muy alejados de los de sus respectivas capitales, y donde la pobreza, la desigualdad y exclusión social se expresan en toda su crudeza en países que sin embargo muestran un fuerte cre­cimiento. Una vez más se concentran en los colectivos más vulnerables, los niños y niñas, las mujeres y los indígenas, y se traducen en altas tasas de desnutrición, analfabetismo y pobreza.

A pesar de los avances logrados reciente­mente, los países de América Latina todavía adolecen de altos niveles de desigualdad, acompañados de una profunda descon­fianza en las instituciones. Los estudios sobre percepciones de injusticia distributiva manifiestan la persistencia de un profundo malestar ciudadano con el modo en que funcionan las instituciones y se distribuyen los bienes económicos, sociales y políticos en los países. Estos persistentes sentimien­tos de malestar ciudadano con las institucio­nes, constituyen tanto un obstáculo como un desafío para el sentido general de perte­nencia y la construcción de pactos sociales orientados por el valor de la igualdad.