El trabajo que realizamos en la prevención, mitigación, preparación y respuesta permite la capacitación de las poblaciones ante las amenazas y la rehabilitación y reconstrucción de las comunidades afectadas por los desastres naturales.

 

En situaciones de tensión e inestabilidad sociopolítica, conflictos armados, desas­tres naturales, epidemias y hambrunas, el enfoque de gestión de riesgo permite incidir en la transformación y reducción de las condiciones de peligro, actuando sobre las causas que las generan y sobre las con­secuencias que tienen en la sociedad.

En Bolivia, desarrollamos sistemas de gestión de riesgos en asociación con los gobiernos locales y atendimos situa­ciones concretas de emergencia para garantizar condiciones dignas para los damnificados. A lo largo de 2012, pusimos en marcha tres proyectos de prevención en los municipios de Villa Vaca Guzmán, Huacaya, Huacareta, Azurduy y Tarvita, en Chuquisaca, para más de 6.000 per­sonas; instalamos y ampliamos ocho sis­temas de agua comunales y dos pluviales para almacenamiento de agua. También implantamos el Plan de Rehabilitación Productiva con dotación de semillas de maíz. Realizamos tres módulos educati­vos elaborados en 24 unidades escolares para incluir en el currículo educativo la temática de gestión de riesgos. En esta línea, hemos fortalecido la Unidad de Gestión de Riesgos de Villa Vaca Guzmán, y apoyamos la conformación de los Comités Operativos de Emergencia y la socialización de los planes de contingen­cia municipales.
En Ecuador, en los cantones Guano y Quero, se han conformado quince comi­tés comunitarios de Gestión de Riesgos, que cuentan con un plan comunitario y equipo básico para realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Además, 27 escuelas de estos cantones llevaron a cabo el Plan Insti­tucional de Emergencias Escolares; y el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial de Ilapo cuenta con un Plan Parroquial de Gestión de Riesgos que permitirá salvaguardar la vida de los niños y familias ante una posible erupción del Volcán Tungurahua.
En El Salvador, 278 personas integrantes de 20 Comisiones Comunales de Protec­ción Civil en Suchitoto, San Ignacio y La Palma, adquirieron los conocimientos y ha­bilidades necesarias para reducir riesgos en sus comunidades, beneficiando a un total de 2.972 familias. Dichas estructuras cuen­tan con sus planes comunales de Gestión de Riesgos, articuladas en las Comisiones Municipales de Protección Civil y en todo el Sistema Nacional de Protección.
En Honduras, 951 personas (173 familias de cinco comunidades) recibieron he­rramientas para la reactivación agrícola de sus parcelas y 373 (67 familias de 18 comunidades) fueron dotadas de material y apoyo técnico para rehabilitar sus vivien­das dañadas y aumentar su resistencia frente a tormentas y seísmos. Además, 8.000 personas (1.440 familias de 20 comunidades) fueron beneficiadas por la rehabilitación de sus sistemas de agua.
En Nicaragua, se ha establecido el Sistema de Alerta Temprana (SAT) en diecisiete co­munidades, beneficiando a 9.124 habitan­tes, de los cuales 4.504 son mujeres. Dicho SAT está integrado en el sistema de alerta temprana a nivel regional, coordinado por la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua.
En Etiopía, creamos comités de alerta temprana y gestión de emergencias, inte­gradas por 200 personas y expertos que recibieron formación, facilitando así ade­más la elaboración del plan de análisis de las vulnerabilidades de la comunidad.
En Bangladesh, a través de nuestro socio local Population Services and Training Center (PSTC), más de 300 trabajadores recibieron la formación necesaria sobre cómo actuar dentro de una fábrica en caso de seísmo.

Reconstruir Honduras tras la depresión tropical E12

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© AeA Honduras

La depresión tropical E12 afectó a todo el territorio nacional, provocando severas inundaciones y deslizamientos de tierra en la zona sur del país, dañando viviendas, caminos, sistemas de agua y cultivos, y desplazando a gran parte de la población. Muchas familias no pudieron asistir a sus trabajos en las empresas agroindustriales que operan en la región, limitando su capacidad de adquisición de alimentos y otros enseres domésticos. Los daños en los sistemas de agua dificultaron el acceso al agua potable, y los daños en los sistemas de saneamiento expusieron a la población al consumo de agua contaminada, afectando especialmente a los niños y niñas menores de 5 años y a las personas mayores, que constituyen la población más vulnerable.

Ayuda en Acción trabajó de inmediato en la atención de los albergues municipales, distribuyendo 200 raciones alimenticias, centrando sus esfuerzos en 8.596 personas que habitaban 39 comunidades de los municipios de Liure y Soledad y destinando 285.490 euros provenientes de fondos propios, el programa ECHO de la Comisión Europea, el Gobierno de Francia y las alcaldías municipales. Se utilizó la modalidad de “dinero por trabajo” (cash-for-work) con equidad de género para la rehabilitación de caminos, sistemas de agua y viviendas, lo que permitió dinamizar la economía de las 892 familias participantes, unificando los núcleos familiares y minimizando el desplazamiento de éstas a otras comunidades para trabajar. Se apoyó a 61 familias para la rehabilitación de sus viviendas y mejora con pilas para agua y a 35 en la construcción de letrinas. Además, se reconstruyeron 19 sistemas de agua potable beneficiando a 8.000 personas, 173 familias recibieron apoyo para la resiembra de sus cultivos de subsistencia y se rehabilitaron 7 km de camino terciario que comunican a 911 personas de 5 comunidades con el  municipio principal.

 

Foto de apertura: © Nayantara Gurung Kakshapati / ActionAid